*/ Crisis Ambiental & Tragedia Invernal / Pedro Santana Rodriguez

Hasta ésta fecha 17 de diciembre, 2´121.894 personas están afectadas por las inundaciones y los deslizamientos de tierra causados por el crudo invierno que azota a buena parte de todo el territorio nacional. Hay 415 mil familias afectadas, 257 muertos, 75 desaparecidos, 695 municipios afectados, de los 1.100 municipios existentes en el país, tres mil viviendas destruidas, 303.155 viviendas averiadas y 678 vías afectadas. Para hacer frente a esta tragedia el Gobierno decretó el estado de emergencia social, económica y ecológica hace apenas dos semanas.

Los departamentos más afectados son: Bolívar, Magdalena, Cesar, Córdoba, Atlántico y Antioquia. Juan Camilo Restrepo, ministro de Agricultura, calcula que entre 900 mil y un millón de hectáreas se han visto afectadas por el invierno, esta superficie corresponde al 6% del total de las tierras productivas del país. Según la Federación de Ganaderos 50 mil vacunos se ahogaron y un millón y medio más han tenido que ser trasladados a partes más altas. Esta situación afectará la producción tanto agropecuaria como de carne y leche para el año 2011.

Hasta ahora el Gobierno, según la Oficina de Atención de Emergencias, informó que ha invertido 100 mil millones de pesos en auxilios de atención a los damnificados y el ministro del Interior Germán Vargas Lleras, ha señalado que el Gobierno dispone de 250 mil millones de pesos para cada uno de los tres primeros meses del año 2011 los cuáles señaló serán destinados para alimentación de los damnificados así como para la construcción de albergues y para el pago de arrendamientos. Al mismo tiempo señaló el Ministro que el Gobierno ha estructurado un plan que contempla tres etapas para la atención a la población damnificada: atención humanitaria inmediata, mitigación (plan de atención en salud y la reconstrucción de las vías afectadas) y la reconstrucción de los poblados y en general de la infraestructura afectada.

Las consecuencias de un modelo depredador

Lo primero que hay que señalar es que los principales afectados son los sectores de más bajos ingresos que son los que se localizan en las zonas ribereñas de los ríos, en donde no deberían ubicarse, pero con los niveles de concentración de la propiedad agraria en los únicos sitios en donde se pueden ubicar, es allí por cuanto tampoco el Estado ejerce control sobre estas zonas y menos tiene políticas públicas que les brinden alternativas a los cientos de miles de familias que viven diariamente con el agua al cuello. Son los sectores populares los que habitan los miles de barrios que se construyen en nuestras ciudades en zonas de alto riesgo y como en el caso del municipio de Bello un invierno inclemente como el que soporta el país en los momentos actuales, los convierte en presa fácil de los aludes y desprendimientos de tierra. En este alud que se presentó en el municipio de Bello perdieron la vida más de un centenar de personas de familias humildes que como en el resto del país tuvieron que construir sus viviendas en zonas no aptas para construcción. Hay cientos de miles de viviendas construidas en zonas inestables en todas nuestras ciudades. La voracidad y la falta de políticas públicas para adecuación de suelos, la inexistencia de una oferta de vivienda popular digna, son las verdaderas causas detrás de la tragedia que padece el país actualmente.

La tala indiscriminada de los bosques, la construcción de grandes represas sin el desarrollo de obras complementarias que permita hacer frente a situaciones como las que se presentan actualmente así como la depredación de nuestros recursos naturales -que las élites irresponsables han considerado como inagotables- son las causas más próximas del desastre natural que padecemos. Y lo peor es que seguimos caminando hacia el abismo con los ojos abiertos. Para muestra el botón de la minería a cielo abierto que fue el modelo que escogió el Gobierno de Uribe y que por las declaraciones del actual Gobierno tampoco enfrenta grandes transformaciones y que resulta nefasto para el medio ambiente en cuanto contamina, desestabiliza los suelos, afecta las fuentes de agua, transforma completamente el medio ambiente y aquí el Gobierno y las autoridades públicas siguen otorgando licencias sin controles y sin exigencias medioambientales. Es decir, seguimos en la visión miope e irresponsable pensando que se puede seguir degradando el medio ambiente sin consecuencias graves sobre los recursos naturales y sobre nuestro futuro como sociedad.

Pero además no se realizan las obras de mantenimiento de los diques ni de las barreras y jarillones construidos en nuestros ríos, las obras de dragado como las que debieron hacerse en el río Bogotá no se hicieron ni el canal del Dique tuvo mantenimiento oportuno. Las Corporaciones Autónomas Regionales se han convertido en un nido burocrático donde campea el clientelismo y la politiquería amén de la corrupción. Son cerca de dos billones de pesos los que manejan al año estos organismos sin que se vea su trabajo para la protección del medio ambiente.

La tragedia: una oportunidad para salir del barro

Se lee en los periódicos y se escucha en las innumerables entrevistas de radio y televisión a funcionarios públicos que señalan que la crisis puede significar una oportunidad para salir del conjunto de problemas en que viven cientos de miles de familias en viviendas indecentes, sin servicios y construidas en materiales de desecho. Se nos dice que es el momento para replantear el manejo de nuestros ríos, de las poblaciones ribereñas que cuando llega el invierno viven con el agua al cuello. Esto es posible si hay un cambio de políticas públicas en el manejo del medio ambiente, de los códigos de explotación mineros, de los protocolos ambientales que deben aplicarse a las industrias contaminantes, de cláusulas muy exigentes en materia de explotación de los recursos naturales, de apoyo a la economía campesina y protección a los territorios de las poblaciones indígenas y afrocolombianas. Pero eso es lo que no se anuncia.

El Gobierno tiene la oportunidad de atender de manera digna a la población afectada. La única experiencia exitosa en esta materia fue la que se puso en marcha para hacer frente a la tragedia producida por el terremoto ocurrido el 25 de enero de 1999 en la región del eje cafetero, cuando se construyó el Fondo para la reconstrucción y el Desarrollo Social del Eje Cafetero, FOREC. Un organismo como ese podría atender de manera adecuada la actual emergencia social por la que atraviesa el país.

Pedro Santana Rodríguez

Presidente Corporación Viva la Ciudadanía

Bogotá, diciembre de 2010.